Canatur considera propuesta presentada por el Gobierno para negociar con el FMI como una estocada a los empresarios

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) adelantó su oposición a los términos planteados en la propuesta que presentó el Gobierno de la República para negociar un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por considerar que existe una clara y evidente desproporción en la distribución de las cargas, principalmente, las impositivas contenidas en el plan.

Canatur tenía la expectativa de que, en los contenidos para la negociación no se contemplara el incremento de los impuestos actuales ni la creación de otro nuevos y, por el contrario, esperaba el anuncio de medidas inéditas y profundas de reforma al Estado.

Sin embargo, la Cámara percibe que el Gobierno está recargando su propuesta en el sector productivo y le faltó carácter en cuanto a las medidas de contención y reducción permanente del gasto público.

“Nosotros no ignoramos que estamos en medio de una crisis económica, por lo que estamos entendidos en que, entre todos debemos aportar para afrontarla y no poner en mayor riesgo la estabilidad de la economía del país, no obstante, no vemos un sacrificio ni las decisiones contundentes para lograr las reformas profundas que se requieren del lado del Estado para resolver los problemas estructurales y no seguir en el mismo círculo de problemas”, expresó el presidente de Canatur, Rubén Acón.

“Nos parece insuficiente y queda debiendo en cuanto al cierre o la fusión de instituciones y la venta de activos del Estado, que son en buena parte el causante la insostenibilidad del aparato estatal”, agregó.

También preocupa el impacto que pueda tener en la economía de las familias costarricenses, el impuesto a las transacciones financieras como parte de las medidas fiscales temporales, así como el incremento en el impuesto de renta a los salarios, ambas cargas limitarán de forma importante la capacidad de consumo y hasta la posibilidad de atender las necesidades básicas.

Finalmente, a los empresarios turísticos les preocupa, aún más, el incremento al impuesto a la propiedad, en un momento en el que su actividad económica tiene seis meses de estar paralizada y sin asomo de una reactivación pronta y suficiente para soportar ese incremento.